El caso: Fondos reservados; los presuntos delitos: prevaricato, cohecho, soborno, utilización dolosa de fondos reservados, concusión, peculado, enriquecimiento ilícito.
La cifra: 19 mil 580 millones 500 mil sucres.
Los sindicados: Alberto Dahik, ex vice presidente de la república (con orden de prisión, prófugo de la justicia; Diego Paredes, Ex ministro de relaciones exteriores del Ecuador (con orden de prisión, prófugo de la justicia; Mauricio Pinto, ex ministro de finanzas (sin orden de prisión); Juan Carlos Faudutti, ex contralor (sin orden de prisión);...siguen muchos más nombres.
Acusación: Autores de los delitos de peculado, y enriquecimiento ilícito.
La corrupción en el Estado burgués siempre es un tema de actualidad. Y está en la mayoría de veces relacionada con el tema del dinero.
Es caso descrito se dio en los años noventa, cuando estaba en el gobiernos los representantes de la derecha extrema. El botín de los recursos públicos fueron más de una vez manoseados por los funcionarios de los más altos rangos que manejaron la economía en estos años.
El caso movilizó a las organizaciones sociales que condenaron, en juicios populares, a estos personajes de configuraron un "delito de blancos", como lo llamó un periodista en su momento; pues en esa mismas épocas quien cumplía como Jefe del Regimiento de policía en Quito, responsabilizaban a la "raza morena" de la ola de violencia delincuencial que se vivía en la capital.
En este delito actuaron encubiertos por la institucionalidad creada por ellos mismos, lo que les permitió usurpar los recursos sin temor a ser sancionados. Pero como en toda democracia burguesa, lo grupos de poder mantienen sus conflictos de intereses internos, por lo que a veces ante el pueblo declaran develan los pecados de sus hermanos de clase, cuando el botín del delito no ha sido bien repartido.
En este caso el PSC (partido social cristiano) con su caudillo a la cabeza León Febres Cordero, arremetió con odio visceral contra sus iguales de clase, haciendo público el robo, que de otra manera a lo mejor nunca hubiera sido conocido por la mayoría del pueblo del Ecuador. Es cuando la vendida administración de justicia se vio acorralada por la presión popular que pedía cárcel para los involucrados. Luego vendría la consabida negligencia de la policía al dejar salir del país a la mayoría de pillos de cuello blanco.
El gobierno de Correa sumó millones de votos de quienes combatieron, denunciaron y fueron víctimas de estas camarillas burguesas delincuenciales, esperando que la justicia de verdad se manifieste contra ellos. La expectativa de que pasen a la historia estas acciones económicas criminales como casos juzgados, fue alguna de las razones por las que se confío en la propuesta de AP. Sin embargo lo que parecía como una posibilidad sospechosa se hace cada vez más evidente, la soterrada alianza entre la derecha y los reformistas de AP; que públicamente aparecen como enemigos irreconciliables.
El pedido de amnistía realizado por Correa en su informe de labores, no puede ser visto como una simple declaración, los motivos van mucho más allá. La reacción del pueblo y de sus organizaciones no pueden esperar, la censura y rechazo a tal pedido debe ser unánime; y por otro lado exigir castigo a los autores de décadas de terrorismo económico que han multiplicado la pobreza, terrorismo económico del que Dahik fue su más dogmático promovedor.
Ni olvido ni perdón a los terroristas económicos, es necesario promover la resolución de los casos de corrupción con justicia para los pueblos víctimas de estas componendas burguesas.
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