La situación tira para la confrontación. Algunas de las políticas gubernamentales insisten en poner distancias insalvables con los sectores populares; al parecer los círculos reaccionarios enquistados dentro del movimiento AP van perfilando la concreción de su objetivo principal, el de, paulatinamente, mover la filosofía, ideología y las acciones, hacia posiciones que mantienen las bases estructurales de un Estado defensor de los intereses corporativos nacionales e internacionales.
La realidad política del país se vuelve confusa, pues por una lado, por momentos, se profundiza un discurso progresista, que pone como puntal denuncias contra la injerencia de poderes nacionales e internacionales; se hace denuncia y se desnuda los intereses de los grupos de poder, los que sin embargo en ningún momento han perdido sus espacios de influencia, aunque lo contrario haga parecer su crisis en el frente político legal, esto es en sus empresas electoreras llamadas partidos políticos; al contrario su poder actúa invisiblemente en los espacios de decisión, como es el caso de la justicia, la política económica, sobre los temas de los recursos naturales; y demás espacios de poder en los que se juega las decisiones estratégicas sobre la dinámica de desarrollo a aplicar.
La situación se aclara cuando en el seno de la Asamblea Nacional, las tesis vinculadas con el pasado sobre el que se debería actuar determinantemente, dan al traste con lo esperado de un proceso autodenominado revolucionario; desde las mismas conductas aberrantes que recrean prácticas antiéticas que contradicen un espíritu de cambio. Era de esperarse esto desde el momento mismo de que planteaba un proceso revolucionario que se presentaba, y ahora es un hecho, con tintes reformistas, timoratos; que desde un inicio no asumió acciones verdaderamente identificadas con los más caros intereses de las clases populares.
Ahora la amenaza de que el proceso derive hacia posiciones abiertamente retrógradas, dejó de ser eso simplemente; lo sucedido con el tratamiento de leyes como la de minería, la de manejo del agua, la de Educación Superior; y otras, dejan colgada la certeza de contrasentidos con el discurso oficial. Aunque son promocionadas como democráticas, progresistas; no lo son pues su trámite, por más que el gobierno diga lo contrario, se ha dilatado por presión de los sectores involucrados, pues no han sido suficientemente debatidas en niveles de participación democrática; el papel protagónico de tecnócratas incrustados en la Asamblea Nacional y en el Gobierno, en claro contubernio con grupos económicos de presión, es el que ha hecho que se auto proclamen como los jueces que definen el futuro de esta áreas estratégicas.
Esto es lo que va determinado que los grupos sociales y los movimientos populares vayan tomando medidas de fuerza; como que no hay otra alternativa frente a estos grupos aliados en un plano que pareciera virtual, sino el de, por medio de la fuerza, oponer resistencia al paso de estas políticas encubiertas que mantienen los medios y sistemas de explotación.
Las prácticas contrarias a la construcción del proceso de revolución, se reproducen, es como si estuviera encubándose el huevo de la serpiente.
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