Es un verdadero laberinto el rumbo que van tomando las fuerzas políticas del país. Cuando se refiere a fuerzas políticas, son consideradas todas las expresiones que influyen directa o indirectamente sobre la realidad socio política.
Nada parece estar en su sitio, quienes se proclaman los revolucionarios del siglo XXI navegan en el barco de un socialismo que contradice en muchos aspectos los principios del mismo, y no se diga que se peca de dogmático, simplemente se pone por delante el objetivo de construir una democracia incluyente, en la que la pobreza de millones de personas sea remplazada por un distribución legal del producto del trabajo. Una sociedad donde los valores sean el motivo diario para cumplir las tareas encomendadas, una sociedad donde la educación sea el espacio de reproducción de conductas elevadas a niveles de compromiso y solidaridad social, tan natural como el respirar.
Si nos preguntamos sobre el origen del engendro que conocemos como sociedad, tenemos que recurrir a la ciencia social marxista, que desgrana la historia de la humanidad para proclamar que el conflicto nace del uso del poder por unos contra otros, que son quienes sostienen con el trabajo los privilegios de los primeros.
Parece que la premisa está más que vigente en muchas partes del mundo, lo que hace de motivo para una constante inestabilidad política, traducida en crisis económica, crisis social, crisis de valores, pues al parecer mientras más aplasta el acelerador el capitalismo, más deformaciones sociales reproduce.
Frente a este panorama, las alternativas se presentan cada cual con su receta, todas apuntando a construir nuevos modelos de desarrollo que corrijan las patologías creadas por el sistema. Tarea bastante compleja, en la que intervienen todas las variables sociales, lo que exige cambios estructurales, desde la base, cambios que rompan los pilares que sostienen al sistema.
Bajo esta idea, el socialismo del siglo XXI hace su propuesta que se fundamenta en una reactivación del papel del Estado como ejecutor de la política económica, con destacada participación en la ejecución de obra pública, y énfasis en la política social. En el afán de revolucionar la realidad, se reconstruyen los marcos legales e institucionales que permitan la ejecución de nuevas prácticas políticas. Todo esto apuntando a mejorar la eficiencia de un Estado que se presenta como aliado de los más pobres.
Todo estaría bien de no ser por que esta propuesta mantiene compromisos con grupos de poder del más alto nivel que son quienes frenan un proceso, freno que en ciertas coyunturas se expresa abiertamente. Al mismo tiempo la composición y formación de muchos de los cuadros que hacen parte del gobierno trasciende al momento de conductas políticas, lo que hace que el objetivo inicial queda relegado por intereses y compromisos del momento.
La oportunidad madurada por los pueblos en sus largas e históricas jornadas de resistencia contra el sistema, es manoseada por grupos que tienen una visión reducida sobre los alcances, la naturaleza, y los protagonistas de la necesaria revolución. Al final parece prevalecer el orden emanado de los centros de poder transnacional, y empieza entonces a sonar el estribillo conocido, ese que repite la obligación de mantener el sometimiento en aras del desarrollo esperado.
Una vez que la propuesta queda debiendo a los pueblos, quedan dos caminos: o profundizar el proceso, o entregar el poder entregado por el pueblo en las urnas, a los apologistas del sistema disfrazados de capitalistas humanitarios.
Esta ambivalencia ha puesto a la cabeza de la revolución ciudadana en medio de un laberinto en el que su extravío solo puede terminar cuando asuma verdaderamente el compromiso con los más pobres, el compromiso de construcción de poder popular, única fuerza constructora de la nueva sociedad.
Mientras no suceda esto el economista seguirá, con el ímpetu que le caracteriza, trastabillando en los espacios de su laberinto.
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